Derechos Humanos de Honduras - Historia

Derechos Humanos de Honduras - Historia

La constitución y las leyes establecen la libertad de expresión, incluida la de prensa, con algunas restricciones, y el gobierno en general respetó este derecho. Un pequeño número de poderosos magnates empresariales con lazos comerciales, políticos y familiares que se cruzan eran dueños de la mayoría de los principales medios de comunicación.

Libertad de expresión: El código penal incluye una disposición para sancionar a las personas que directamente, o a través de los medios públicos, inciten a la discriminación, el odio, el desprecio, la represión o la violencia contra una persona, grupo u organización por razones de género, edad, orientación sexual, identidad de género, opinión o afiliación política, estado civil, raza u origen nacional, idioma, nacionalidad, religión, afiliación familiar, situación familiar o económica, discapacidad, salud, apariencia física o cualquier otra característica que atente contra la dignidad humana de la víctima.

Las asociaciones de medios de comunicación y las ONG expresaron su preocupación por las revisiones del código penal en enero que penalizan ciertos discursos, incluso en las redes sociales, con respecto al terrorismo.

Violencia y acoso: Hubo continuos informes de hostigamiento y amenazas contra periodistas y comunicadores sociales (incluidos comentaristas sociales y políticos, presentadores de programas de entrevistas y blogueros). Los informes relacionaron la mayoría de estos casos de hostigamiento y amenazas con elementos delictivos organizados y pandillas.

Funcionarios gubernamentales de todos los niveles denunciaron públicamente la violencia y las amenazas de violencia contra miembros de los medios de comunicación y comunicadores sociales. El Observatorio de Violencia de la UNAH informó de dos asesinatos de periodistas y comunicadores sociales durante los primeros seis meses del año. Por ejemplo, el 17 de enero, el periodista Igor Abisai Padilla Chávez fue asesinado a tiros. También hubo muchos informes de intimidación y amenazas contra miembros de los medios de comunicación y sus familias, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y del crimen organizado. Por lo general, no estaba claro si la violencia y las amenazas contra los periodistas estaban vinculadas a su trabajo o eran producto de la violencia generalizada.

Defensores de derechos humanos, incluidos activistas de derechos indígenas y ambientales, activistas políticos, activistas laborales y representantes de la sociedad civil que trabajan para combatir la corrupción, denunciaron amenazas y actos de violencia. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidos estudiantes, grupos de trabajadores agrícolas y grupos de derechos indígenas, criticaron al gobierno y sus funcionarios por supuestamente criminalizar y estigmatizar la protesta social (ver sección 2.b.). Varios altos funcionarios estatales hicieron comentarios públicos que las organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales interpretaron como una amenaza para sus miembros. Esto incluyó al ministro de Medio Ambiente, quien en enero sugirió que la policía debería arrestar a miembros de ONG internacionales que informaban sobre actividades corruptas, y al presidente del Tribunal Supremo en la revisión de mitad de período del Examen Periódico Universal en Ginebra, quien declaró que la sociedad civil nacional e internacional actuaron en interés propio y presentaron información falsa que incitó indirectamente a la violencia. Miembros de la Comisión de Depuración de la Policía, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Misión de la Organización de los Estados Americanos contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) informaron haber recibido amenazas. Entre otras, Olivia y Berta Zuniga, hijas de la activista asesinada Berta Cáceres, informaron haber sido blanco de múltiples incidentes amenazadores. El Centro de Solidaridad Internacional de la AFL-CIO denunció amenazas contra varios dirigentes laborales, incluidos dirigentes sindicales del sector público (véase también la sección 7.a.). El 13 de abril, el líder sindical del sector melonero Moisés Sánchez Gómez denunció haber sido agredido por varias personas que le advirtieron que cesara sus actividades sindicales. Su hermano Hermes Misael Sánchez Gómez resultó herido de machete en el ataque.

El Ministerio de Derechos Humanos, Justicia, Gobernanza y Descentralización continuó fortaleciendo la implementación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de 2015. Una parte clave de esta ley fue la creación de un mecanismo nacional para la protección de los defensores de derechos humanos y otras personas protegidas por la ley. Algunas ONG siguieron expresando su preocupación por la deficiente aplicación de la ley y los limitados recursos disponibles para la protección de los defensores de los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil continuaron criticando el hecho de que el gobierno no investigara adecuadamente las amenazas contra activistas y periodistas.

El gobierno asignó un presupuesto de 10 millones de lempiras ($ 424.000) en 2016 y 15,2 millones de lempiras ($ 644.000) en 2017--10 millones de lempiras ($ 424.000) del Presupuesto Nacional para el funcionamiento del mecanismo y 5 millones de lempiras adicionales ( $ 212,000) para medidas de protección del Impuesto de Seguridad para el mecanismo de protección. Al 30 de junio, contaba con 27 empleados permanentes y contratados. Al 30 de junio, el mecanismo había recibido 81 nuevas solicitudes de protección, de las cuales 62 cumplieron con los requisitos de la ley y fueron aceptadas. Esto elevó el total de solicitudes de protección desde la aprobación de la ley en 2015 a 168. De estas, se habían aceptado 118, y de ellas, 14 casos se cerraron porque los beneficiarios habían abandonado el país o habían rechazado las medidas de protección. Los 104 casos restantes incluyeron 73 defensores de derechos humanos, 19 periodistas, tres comunicadores sociales y nueve trabajadores del sector de la justicia. De estas solicitudes, 17 fueron de personas que ya eran beneficiarias de las medidas de protección encomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad continuó implementando. Al 30 de junio, el Ministerio de Seguridad había transferido ocho casos al mecanismo de protección de 66 órdenes de protección pendientes de la CIDH en el país.

El Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos (VCTF) de la PNH investigó delitos contra víctimas de alto perfil y particularmente vulnerables, incluidos jueces, periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI. Al 2 de octubre, la VCTF remitió 25 casos al Ministerio Público, realizó 34 allanamientos con órdenes judiciales, ejecutó 12 órdenes de captura, detuvo a 26 personas involucradas en delitos y obtuvo seis sentencias judiciales.

Censura o restricciones de contenido: Los miembros de los medios de comunicación y las ONG dijeron que la prensa se autocensuró por temor a represalias por parte del crimen organizado o funcionarios gubernamentales corruptos.

Leyes de difamación / difamación: Los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, pueden iniciar procesos penales por difamación y calumnia. El 7 de septiembre, la activista de la comunidad indígena garífuna Miriam Miranda emitió una alerta de que la policía intentaba arrestarla luego de los cargos de difamación presentados por empresarios internacionales por disputas de tierras entre empresarios y comunidades garífunas.

Un funcionario del Ministerio de Salud acusó a un activista sindical de difamación después de que el activista presentó cargos ante el Ministerio Público de que el funcionario había pagado para que lo mataran luego de sus declaraciones públicas sobre actividades corruptas en un hospital regional. El Ministerio Público realizó una investigación y presentó cargos contra el funcionario, pero un juez no encontró pruebas suficientes para continuar con el juicio. Posteriormente, el funcionario presentó cargos de difamación contra el dirigente sindical. Un juez desestimó una solicitud del dirigente sindical de que se desestimaran los cargos y ordenó que el caso procediera a juicio.

Seguridad nacional: Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones de la sociedad civil continuaron expresando su preocupación por el potencial abuso de la ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Defensa y la Seguridad Nacional. A partir del tercer trimestre de 2015, el gobierno puso a disposición del público cierta información sobre las actividades que respaldan el impuesto de seguridad y otros fondos fiduciarios, e incorporó números de fondos fiduciarios en el presupuesto actual. En junio, la MACCIH emitió un informe en el que detallaba la necesidad de cambiar la ley para combatir eficazmente la corrupción.

Impacto no gubernamental: Algunos periodistas y otros miembros de la sociedad civil denunciaron amenazas de miembros del crimen organizado. No estaba claro cuántas de estas amenazas estaban relacionadas con las profesiones o el activismo de las víctimas. Varios sitios de redes sociales anónimos, posiblemente vinculados a partidos políticos, criticaron a activistas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas que criticaban las políticas del gobierno o de los partidos de oposición.

LIBERTAD DE INTERNET

El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró el contenido en línea, pero hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreaba las comunicaciones privadas en línea. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2016 aproximadamente el 30 por ciento de la población usaba Internet.

LIBERTAD ACADÉMICA Y EVENTOS CULTURALES

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o eventos culturales.


& # x27Corrupción profundamente alarmante & # x27: proyecto de ley de Estados Unidos sancionaría al presidente hondureño

Juan Orlando Hernández, centro, habla mientras el jefe de la Policía Nacional, Orbin Galo, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, escuchan en el palacio presidencial de Tegucigalpa, el 16 de febrero. Fotografía: Orlando Sierra / AFP / Getty Images

Juan Orlando Hernández, centro, habla mientras el jefe de la Policía Nacional, Orbin Galo, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, escuchan en el palacio presidencial de Tegucigalpa, el 16 de febrero. Fotografía: Orlando Sierra / AFP / Getty Images

Modificado por última vez el martes 23 de febrero de 2021 a las 19.11 GMT

Un grupo de influyentes senadores demócratas están introduciendo una legislación que sancionaría al presidente de Honduras, un presunto narcotraficante y aliado clave de Estados Unidos, y cortaría la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y actividades delictivas. .

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de los derechos humanos dejen de ser sistémicas y los perpetradores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia.

Joe Biden se ha comprometido a abordar las causas fundamentales de la migración desde el triángulo norte de América Central - Honduras, Guatemala y El Salvador - la región más violenta del mundo fuera de una zona de guerra oficial, que representa a la mayoría de los migrantes y refugiados que buscan seguridad y oportunidades económicas en los Estados Unidos.

Este proyecto de ley deja en claro que abordar la migración desde Honduras será imposible si Estados Unidos continúa apoyando al presidente, Juan Orlando Hernández, y las fuerzas de seguridad.

Pone al descubierto la violencia y los abusos perpetrados desde el golpe de Estado respaldado por los militares de 2009, como resultado de la connivencia generalizada entre funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y líderes empresariales.

También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores del medio ambiente y los derechos humanos, opositores políticos y periodistas.

Solo en el último año, al menos 34,000 ciudadanos han sido detenidos por violar las restricciones del toque de queda y el encierro, incluida la enfermera Kelya Martínez, quien a principios de este mes fue asesinada bajo custodia policial.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos de los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. "El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos delitos alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad".

Esta es la primera vez que el Senado propone una legislación que podría amenazar genuinamente al régimen posterior al golpe, que ha utilizado dinero de la droga, robos de fondos públicos y fraude para mantener su control del poder con pocas consecuencias de la comunidad internacional.

Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en tres importantes casos de tráfico de drogas y corrupción presentados por los fiscales de Nueva York, sería investigado bajo la Ley Kingpin para determinar si es un narcotraficante designado, un estatus criminal otorgado a los jefes de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con el tráfico de drogas, incluido el conocimiento previo sobre el tráfico de armas y cocaína de su hermano menor por el que fue condenado en Nueva York el año pasado.

El proyecto de ley también detalla el papel de Hernández en la desaparición del estado de derecho en el país: como congresista, apoyó el golpe de 2009 y luego creó la fuerza policial militarizada que está implicada en ejecuciones extrajudiciales, supervisó una purga del poder judicial y presionó a través de reformas inconstitucionales para permanecer en el poder y proteger a los funcionarios corruptos de ser procesados.

A Hernández, quien hasta ahora ha disfrutado de una relación cercana con líderes militares y políticos clave, se le revocaría su visa a los Estados Unidos y se congelarían los activos como parte de las sanciones propuestas.

El proyecto de ley también prohibiría la exportación de municiones, incluidos gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma, cañones de agua, esposas, pistolas paralizantes, Taser y armas de fuego semiautomáticas hasta que las fuerzas de seguridad logren 12 meses sin cometer violaciones de derechos humanos. También se suspendería la asistencia financiera, incluidos equipos y capacitación, aunque seguirían siendo posibles exenciones en interés nacional. Estados Unidos también votaría en contra de los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo a las fuerzas de seguridad.

“Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión, ”Dijo Dana Frank, profesora de historia de la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe.

Para que se levanten las restricciones, las autoridades hondureñas tendrían que demostrar que han seguido todas las vías legales para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y encubrieron crímenes de alto perfil, incluido el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres, el asesinato de más de 100 campesinos en el Bajo Aguán, las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes contra el fraude electoral y la desaparición forzada de defensores de la tierra garífunas afro-indígenas.


Violaciones de derechos humanos en Honduras: expropiación de tierras, represión campesina y lucha por la democracia en el terreno

En Honduras, posiblemente el país más desigual de América Latina, los campesinos son víctimas de una estructura de propiedad de la tierra claramente dispar. En 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya intentó aprobar una legislación que prometía una reforma agraria integral, fue derrocado del poder por un golpe de Estado encabezado por el empresario Roberto Micheletti. Desde el golpe, los campesinos han sufrido un aumento de la represión, con escuadrones de la muerte que amenazan y asesinan a cientos de campesinos, mientras que las empresas hidroeléctricas y de aceite de palma acumulan tierras por despojo. El regreso al poder del Partido Nacional de derecha y proempresarial a través de la elección de Juan Orlando Hernández a la presidencia en 2013 no trajo tranquilidad al campesinado hondureño. [1] Trágicamente, parece no haber un final a la vista para la represión de la tierra y los derechos humanos en el país centroamericano.

A Perspectiva histórica: el péndulo de la reforma agraria

Una élite muy pequeña ha dominado en gran medida las esferas económica y política de Honduras, como es el caso en la mayoría de los países latinoamericanos. [2] Esta tendencia comenzó a cambiar a principios de la década de 1960, cuando el entonces presidente Ramón Villeda Morales (1957-1963) prestó una atención significativa al patrón desigual de propiedad de la tierra e inició un programa para lograr la reforma agraria democrática. En 1961 se crea el Instituto Nacional Agrario (INA) con la tarea asignada de preparar el proyecto de Reforma Agraria. La Ley de Reforma Agraria (Ley de Reforma Agraria) fue aprobada en 1962. [3] Esto enardeció a los grupos conservadores, particularmente a los que representaban a los grandes terratenientes como la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH). [4] En 1963, Oswaldo López Arellano tomó el poder en un golpe de Estado diez días antes de las elecciones de octubre de 1963. [5] Las principales razones del golpe fueron la reforma agraria en curso, que había distribuido 1500 hectáreas de tierra, entre otras. reformas progresistas y la probabilidad de que otro candidato de izquierda gane la presidencia en las elecciones. Poco después de la llegada al poder de López Arellano, se anuló la Ley de Reforma Agraria.

López persiguió e intimidó a los sindicatos campesinos y a cualquier grupo de izquierda que representara oposición a su gobierno. Entonces los campesinos se movilizaron y comenzaron a ocupar tierras ilegalmente, ya que el sistema legal les había fallado. Ante tales movilizaciones, el gobierno tuvo que volver a instaurar reformas agrarias. [6] Durante la dictadura de López se produjeron acontecimientos importantes, aunque no durarían mucho. En 1972, por ejemplo, un decreto estableció una ley que permitía el uso temporal de la tierra “para asistir en el corto plazo a la solución de las necesidades más urgentes de los habitantes del país asentados en el campo”. # 8221 [7]

Aunque López permitió elecciones generales en 1971 (en las que Ramón Ernesto Cruz ganó la presidencia), volvió a tomar el poder en un golpe de Estado en 1972. Luego, en 1974, se redactó una ley de reforma agraria más integral, que entró en vigencia en 1975. La nueva ley (Decreto No. 170), tuvo como objetivo “transformar la estructura agraria del país, destinada a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumentar la producción y la productividad del sector agropecuario & # 8230 ”[8] Sin embargo, estas reformas no abordaron los problemas subyacentes de la desigualdad de la tierra y solo beneficiaron al nueve por ciento de la población rural. [9] En 1975, la reforma agraria volvió a paralizarse y los campesinos pobres continuaron ocupando tierras.

Políticas de neoliberalismo y ajuste estructural

En 1993, el 44 por ciento de la población rural no tenía tierras o poseía menos de una hectárea de tierra. [10] En el contexto de la ola de políticas neoliberales que se extendió por América Latina en los años 90 y bajo la presidencia de Rafael Leonardo Callejas, en 1992 se aprobó la Ley de Modernización Agraria. Esta ley transformó la tierra en un mercancía típica de un mercado liberalizado en el que la oferta y la demanda dictan la distribución de la tierra en lugar de la intervención estatal. [11] Contrariamente a los esfuerzos anteriores para reducir el latifundio (propiedad de grandes propiedades), la nueva ley, como parte del paquete de políticas de ajuste estructural de la década de 1990, condujo a la transferencia de tierras de propiedad colectiva al mercado y a una mayor concentración de tierra. Las empresas transnacionales comenzaron a comprar tierras (a menudo mediante coacción) del sector reformado para expandir la producción de banano y aceite de palma. [12] Los medios, en su mayoría propiedad de terratenientes y empresarios, apoyaron la narrativa de que el sector agrícola iba a aumentar su productividad en manos de los empresarios. [13] En resumen, la Ley de Modernización Agraria "alteró radicalmente la estructura de tenencia de la tierra, así como la justificación de la reforma agraria". [14]

El golpe de 2009: otra reforma agraria fallida

El péndulo volvió cuando el presidente Zelaya fue derrocado del poder por un golpe de Estado en 2009. La tan esperada reforma agraria parecía finalmente un poco más cercana cuando en 2008 el presidente Zelaya comenzó a impulsar la distribución de la tierra a través del Decreto Ley 18-2008. Esta ley habría otorgado títulos de propiedad a los campesinos que habían ocupado y producido sus tierras durante más de 10 años. Este avance se detuvo cuando Zelaya fue derrocado del poder.

Cuando Porfirio Lobo Sosa, un terrateniente, asumió la presidencia de Honduras en 2010, los campesinos comenzaron a protestar y a ocupar tierras pacíficamente, lo que solo trajo más represión contra ellos patrocinada por el estado. Como señala un informe del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, "... el golpe ha proporcionado el contexto para hacer retroceder importantes avances en la resolución pacífica y legal de los conflictos entre grupos campesinos y poderosos intereses comerciales terratenientes sobre el acceso a los títulos de propiedad". [15] Antes de su derrocamiento en 2009, el presidente Zelaya enfrentó una fuerte oposición del sector privado. Coaliciones empresariales como el Consejo Nacional Empresarial (COHEP) y la Asociación Nacional de Industrias de Honduras (ANDI) brindaron un apoyo feroz y constante al golpe. [dieciséis]

Miguel Facussé Barjum, una de las personas más ricas de Honduras y líder de Dinant, fue un firme partidario del golpe de 2009. Dinant Corporation es una entidad privada importante en Honduras, ya que es el mayor productor de aceite de palma del país y posee una quinta parte de todas las tierras agrícolas del Bajo Aguán. [17] Dinant está involucrado en disputas de tierras con campesinos, que se han organizado para presionar a la empresa para que distribuya las tierras que afirman poseer. En los últimos años, ha habido una explosión de violencia relacionada con la tierra en la zona. Asesinatos, secuestros y desplazamientos forzosos de agricultores han plagado al Bajo Aguán. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló en su informe de 2012 que las muertes, amenazas y actos de intimidación aumentaron en la región del Bajo Aguán desde el golpe de 2009. [18] Muchas personas han muerto en la lucha por la tierra en curso en el país (92 personas solo en el área del Bajo Aguán desde el golpe) [19] y la impunidad de los perpetradores solo está ayudando a aumentar la violencia. Human Rights Watch informó que, “la desconfianza es particularmente aguda entre las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, cuyos miembros expresaron rutinariamente a Human Rights Watch la creencia de que los funcionarios del gobierno eran, en el mejor de los casos, incompetentes y, en el peor, colaboraban directamente con empresas terratenientes privadas”. [20] Se culpa a las plantaciones de aceite de palma ya los funcionarios corruptos por los desplazamientos y la violencia.

Fuente de la foto: The Guardian.

Dinant Corporation, el Banco Mundial y las violaciones de derechos humanos

La búsqueda de alternativas al combustible (es decir, biocombustibles y represas) está teniendo terribles consecuencias para los agricultores, así como para las comunidades indígenas y afrodescendientes de Honduras. Las tierras que antes utilizaban estas comunidades para cultivar cultivos, como arroz y frijoles, ahora son utilizadas por las empresas para plantar palma africana para producir biocombustible. [21] Durante la última década, la demanda de aceite de palma en el mercado mundial se ha triplicado de dos millones a más de ocho millones de toneladas. [22] Como Lakhani, un reportero independiente que escribe sobre Centroamérica y México para El guardián y otra publicación, explica: "El impulso de Occidente para reducir su huella de carbono a bajo costo está alimentando una guerra sucia en Honduras, donde las fuerzas de seguridad respaldadas por Estados Unidos están implicadas en el asesinato, desaparición e intimidación de campesinos involucrados en disputas de tierras con aceite de palma local magnates ". [23]

Hay denuncias de que los guardias de seguridad privada trabajan para las grandes empresas agroindustriales (como Dinant) para proteger la tierra de los manifestantes campesinos, lo que lleva a violaciones generalizadas de los derechos humanos. En enero de 2014, el Asesor de Cumplimiento / Defensor del Pueblo (COA), que es el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, inició una investigación sobre un préstamo de 30 millones de dólares a la Corporación Dinant y descubrió que el "Banco Mundial ha invertido en una empresa de aceite de palma y alimentos implicada en graves abusos de derechos en Honduras ”. [24] La evidencia sugirió que guardias de seguridad privada llevaron a cabo torturas y arrestos arbitrarios, pero una investigación inadecuada sin un examen de las escenas del crimen junto con un proceso de investigación inadecuado no ha traído justicia a las víctimas. [25]

En Honduras, funcionarios corruptos y militares están en connivencia con guardias de seguridad privados (Honduras ahora tiene 5 guardias de seguridad privados por oficial de policía) en la represión de campesinos y líderes comunitarios. Una investigación del grupo canadiense Rights Action reveló que el Batallón 15 estuvo directamente implicado en 34 actos de violencia y crimen. [26] Además, Human Rights Watch informó que las fuerzas de seguridad del gobierno han estado involucradas en detenciones arbitrarias, torturas y desalojos forzosos. [27] La ​​promoción de la justicia debe ser un objetivo primordial para terminar con el ciclo de impunidad que ha asolado a Honduras en el contexto de la disputa agraria.

Según el Departamento de Estado de los EE. UU., El gobierno de los EE. UU. Apoya "al gobierno de Honduras al ayudar a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley a desbaratar las redes delictivas, desarrollar la capacidad investigativa, procesal y judicial e implementar programas de prevención de la violencia para las comunidades vulnerables". [28] No obstante, Honduras ha logrado poco o nada durante los últimos cinco años. Por el contrario, Honduras se ha convertido en el país más violento del mundo fuera de una zona de guerra, con 20.573 muertes violentas durante los primeros tres años de la administración Lobo y una tasa de homicidios de 85,5 por cada 100.000 habitantes. [29]

Por otro lado, al mismo tiempo que aumentaba la presencia y la ayuda militar de Estados Unidos en Honduras, también aumentaba la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir las protestas contra los desplazamientos ilegales de tierras, la minería, las presas y las concesiones petroleras (especialmente desde el golpe de 2009). [30] En 2011, por ejemplo, EE. UU. Autorizó 1.300 millones de dólares estadounidenses para productos electrónicos militares de EE. UU. En Honduras. [31] En 2012, los contratos del Departamento de Defensa para Honduras alcanzaron los 67,4 millones de dólares, un aumento de tres veces con respecto a 10 años antes. [32] Además, Estados Unidos todavía tiene una base militar en Honduras, la Base Aérea Soto Cano, que es el centro de la guerra de Estados Unidos contra las drogas en Honduras.

La guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos solo aumentó la perpetración de violaciones de derechos humanos, ya que el ejército y la policía hondureños la utilizan como una cubierta conveniente para asesinar a grupos campesinos e indígenas. [33] Por lo tanto, a medida que Estados Unidos aumentó su apoyo militar a Honduras, simultáneamente patrocinó un gobierno represivo involucrado en violaciones de derechos humanos. La guerra contra las drogas afecta directamente a civiles inocentes. En mayo de 2012, en una misión antidrogas, agentes de la Policía Nacional con el apoyo de agentes de la Administración Antidrogas (DEA) asesinaron a 4 personas inocentes por pensar que eran narcotraficantes (incluidas dos mujeres embarazadas y una de 14 años). chico mayor). [34]

Una represa hidroeléctrica alimenta la violencia

Otro ejemplo que ilustra lo que está sucediendo en el terreno y cómo las empresas se involucran en el acaparamiento de tierras y la destrucción del medio ambiente del que dependen los pueblos indígenas es la construcción de una represa en las tierras del pueblo Lenca en Río Blanco. La construcción de represas ha sido un tema controvertido en todo el mundo debido a las consecuencias negativas sobre los ecosistemas, la salud y el desplazamiento de civiles. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por las represas en todo el mundo y no existe una compensación adecuada por el reasentamiento. [35]

Tras el golpe de 2009, el gobierno otorgó 47 concesiones de represas hidroeléctricas a empresas sin consultar previamente a las comunidades que iban a verse afectadas. [36] En 2011, DESA (empresa de represas hidroeléctricas con financiamiento externo y que compró la concesión de la represa Agua Zarca) propuso construir una represa en el río Gualcarque en Río Blanco. Aunque la comunidad rechazó la propuesta, el alcalde Martiniano Domínguez otorgó a la empresa un permiso para construir la presa. [37] Esto generó un enfrentamiento entre los campesinos indígenas y las omnipotentes empresas internacionales. En 2012, DESA y SYNOHYDRO (la empresa hidroeléctrica china contratada por DESA, que luego se retiró del proyecto) comenzaron a invadir la tierra del pueblo Lenca. [38] Además, la gente afirma que los guardias de seguridad privada de DESA trabajan junto con el ejército y la policía para patrullar el área. [39]

Fuente de la foto: International Rivers.

En respuesta, y sin otra alternativa, la comunidad comenzó a movilizarse en abril de 2013. La población local detuvo temporalmente la construcción de la represa bloqueando pacíficamente una carretera principal en Río Blanco, pero la resistencia indígena desató una tenaz e inigualable represión por parte de la seguridad. efectivo. Berta Cáceres, quien es líder del pueblo indígena Lenca y del Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), sostiene que “El ejército tiene una lista de asesinatos de 18 buscados luchadores de derechos humanos con mi nombre en la parte superior. Quiero vivir… nunca me he planteado renunciar a luchar por nuestro territorio, por una vida digna, porque nuestra lucha es legítima ”[40]. DESA presentó cargos contra Berta Cáceres por alentar el bloqueo, y el 20 de septiembre fue sentenciado a la cárcel. Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte de Apelaciones de Comayagua dictó sobreseimiento provisional a la persecución judicial de Berta Cáceres. Asimismo, Tomás García, también líder comunitario, fue asesinado por militares hondureños durante una protesta en julio de 2013 [41].

Este análisis ha destacado algunos ejemplos de lo que es la vida cotidiana de muchas comunidades campesinas e indígenas en Honduras. La intersección entre empresas multinacionales con fines de lucro, la guerra contra las drogas, un sistema judicial quebrado, guardias de seguridad privados y un ejército y una policía represivos y corruptos se reduce a una triste realidad en la que personas inocentes y comunidades que reclaman sus tierras son asesinadas, amenazadas. y desplazado.

Sin una reforma agraria integral que proteja los derechos de los pueblos indígenas y cumpla con el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Principios Básicos sobre el Uso de de la fuerza y ​​las armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como otros acuerdos y leyes nacionales e internacionales cruciales, los desplazamientos forzados y la violencia continuarán ocurriendo en Honduras. Además, es necesario revisar el sistema judicial y llevar a cabo investigaciones adecuadas en el caso de violaciones de derechos humanos. Como afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado tiene la obligación de utilizar todos los medios legales a su alcance para combatir la impunidad, ya que fomenta la reincidencia crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión total de las víctimas y sus familiares”. [42]

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[1] Lakhani, Nina. “Dirty war over clean fuel: Farmers in Honduras terrorized by U.S.-backed security forces,” El guardián, January 7, 2014. http://www.rawstory.com/rs/2014/01/07/dirty-war-over-clean-fuel-farmers-in-honduras-terrorized-by-u-s-backed-security-forces/ [Accessed on February 18, 2014].

[2] Perry, John. “Honduras – three years after the coup,” openDemocracy, June 27, 2012. http://www.opendemocracy.net/john-perry/honduras-three-years-after-coup [Accessed on February 18, 2014].

[4] Merrill, Tim. Honduras: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1995.


Why Honduras has become one of the world's most dangerous places for land rights activists

Honduras has become one of the world's most dangerous places for environmental land rights activists after a series of murders in the Central American country over the past two years.

Last month, three indigenous leaders were shot dead in the north of the country - it follows the abduction and disappearance of four activists last summer.

And at least 14 more men and women were killed in similar circumstances in July 2019.

All of the dead and missing are members of the black indigenous Garifuna people who have been fighting to hold on to their ancestral lands for decades.

Drug cartels, palm oil manufacturers and tourism developers all have different reasons to take control of the Garifuna's land, and little is being done to protect the communities from intimidation and violence.

The Garifuna, an Afro-Caribbean population originally from the island of St Vincent, who were evicted from their homelands by the British in the 1700s, have lived on the shores of the Caribbean for generations.

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The small communities who inhabit this biodiverse paradise of blue seas and white sandy beaches, lined by palm trees, have survived for generations on the fish they take from the waters and the vegetables they grow.

But the natural beauty, the abundance of palm oil and its seaside location here in northern Honduras has brought murder and violence to a community ill-prepared to defend itself.

Early on the morning of 18 July 2020 three black SUVs drove through Triunfo de la Cruz, going from house to house, searching for their targets.

This small community, like much of the world, was in lockdown.

Snider Centeno Tomas, 27, president of the community, was tortured outside his house and forced into one of the waiting vehicles.

He was taken along with Suami Mejia Garcia, Mizael Rochez Calix, Milton Martinez Alvarez and Rafael Juarez Mejia - a guest visiting the community. All were dragged out of their homes at gunpoint and driven away.

They have not been seen or heard from since and the community fears that they are, in all likelihood, dead.

There is gossip, there are theories, and there are unanswered questions - but nobody knows why the men were targeted.

The only concrete connection points towards a land grab - a dispute over territory brought on by drugs cartels who want to use the Garifuna's shores to move drugs into America, or a dispute over a plantation that outsiders wanted for palm oil production.

Since the community leader and others were abducted, the burden of responsibility has fallen on Caesar Benedit.

Caesar is a quietly spoken man with a steely resolve. He is leading the community for now, and believes there is a much bigger issue at play - one that implicates the government.

"There is no doubt in our minds that the state is responsible for the kidnapping of our colleagues, and we haven't got an answer about them to this day," he told me.

Caesar believes the Garifuna are being targeted because they are challenging the state to honour a long-held land agreement.

"We attribute it to a land problem," he said. "It is directly a land problem, because we have been working to recover our land, and the state does not want to enforce the ruling of the Inter-American Court of Human Rights."

In the early 1800s, the Garifuna were given the legal rights to their land as compensation for their part in the struggle for Honduran independence.

In 2015, the Inter-American Court of Human Rights confirmed the Garifuna's collective ownership of the land and found the Honduran state responsible for violating these rights.

"In Honduras there are always people, there are landowners, people who have connections with the government, who want to seize or are seizing land in our communities," Caesar told me, motioning towards the palm-lined beaches.

"And really, most of all, they are looking for fertile farmland, for hydroelectric plants, for tourism and hotels in our communities without consulting us, and without taking us into account as a community."

The authorities have accused the missing men of being involved with drugs cartels and say that their abduction was a deal gone wrong.

But Joanna Sacasa, a relative of one of the men, disputes this. She approached us wanting to speak - wanting people to know the men had not done anything wrong.

"They always defended the community - I never saw them getting involved in anything wrong," she explained.

She, like Caesar, believes the Garifuna are being smeared to cover up the real issue - that of territory. "When I think about it, the land that our ancestors left us, there are people who covet it."

The Honduran state denies it is involved and has promised to investigate the abductions.

One government insider we contacted who does not want to be named because he is not authorised to speak about this case publicly told us that although there is an investigation under way, there is no real desire to find out what happened.

"What I can tell you is that for the government this is not very important," he said. "The only reason it is being investigated is because of social pressure and international pressure. I would go as far as saying if this crime was not reported by the international media, it would not be investigated, much like the hundreds of the disappearances that we have in this country."

Despite the pressure on them, the Garifuna say they are determined to tough this out.

"I am very afraid, because we as Garifuna people were not used to this kind of life", Caesar told me, growing more and more emotional as we spoke.

"Since they abducted our fellow activists, our chairman Snider and the others, we have seriously lost a lot of young people. They have grown afraid. Some families have left and the young. they don't want to keep fighting anymore."

Caesar, like many in this community, takes strength from outside support. Many families remain economically afloat thanks to Garifuna Americans living in the United States who send money to relatives here.

But, ultimately, they accept they're on their own. "If we don't keep fighting, we all lose. And that is one of the reasons I haven't been able to leave the country, because I feel that if I quit. our struggle will fall apart."

It may have been hundreds of years ago but being evicted once has left this community determined to make sure it doesn't happen again.

Surviving off the land and the sea is just about possible, but a sustained attack on their natural resources, their environment and their people could see his vulnerable group shattered once more.


Honduras - Political rights index

Source: Freedom House. 1 - the highest degree of freedom.

What is Honduras political rights index?

Fecha Value Change, %
2018 4.00 0.00%
2017 4.00 0.00%
2016 4.00 0.00%
2015 4.00 0.00%
2014 4.00 0.00%
2013 4.00 0.00%
2012 4.00 0.00%
2011 4.00 0.00%
2010 4.00 0.00%
2009 4.00 33.33%
2008 3.00 0.00%
2007 3.00

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Honduras’ Human Rights Crisis

A protester is hit by a rubber bullet shot by police during riots near the Brazilian embassy in Tegucigalpa, Honduras, on September 23, 2009. (Photo by Jose CABEZAS/AFP/Getty Images)

TEGUCIGALPA, HONDURAS – The military-backed, de facto government of Honduras had hoped that the November 29 presidential election would quell a political standoff that had lasted for more than five months. But, just over two weeks later, it doesn’t seem to have worked out that way. The vote itself was marred by fraud and deception, and many countries in the world have refused to recognize its legitimacy.

The democratically-elected president, Mel Zelaya, remains besieged in the Brazilian Embassy, surrounded by hundreds of troops and riot police. Repression by authorities continues, and the country has endured a dramatic spike in violence, with mass shootings and robberies becoming even more prevalent.

But the circumstances surrounding the violent assassination of two anti-coup resistance members in recent days has sent out fresh shockwaves, calling up grim memories of the death squads that roamed Honduras a generation ago.

Two activists murdered, as violence rises in capital

On December 11 , the decapitated body of Corrales Garcia was found about 50 kilometers east of the capital of Tegucigalpa, according to a report by the Committee for the Defense of Human Rights in Honduras. Garcia was last seen in police custody, after being picked up December 5 in a mass raid against nonviolent resistance members near the capital. ​ “ What’s going on in the country is a low-density attack strategy,” said Andres Pavon, president of CODEH. ​ “ The authorities aren’t assassinating the masses, they’re killing selected individuals, or small groups of people. In that way it’s very much like the [nineteen] eighties,” Pavon said.

The other case involved the death of Walter Trochez, 27 , a well-known resistance member and gay activist, who was shot twice in the chest on Sunday evening in downtown Tegucigalpa. Trochez, who was HIV-positive, was gunned down in a drive-by shooting while on his way home from distributing AIDS awareness literature. Witnesses reported the motorcycle involved was a police model, and that the men wore police uniforms.

“ Amnesty International fears that Walter’s killing may be a sign of worse abuses to come in the atmosphere of political instability and fear that has prevailed since the coup d’état in June,” stated the world’s foremost human rights organization, in a press release this week that confirmed Trochez had been previously targeted for his human rights work.

Gilda Velazquez, director of Refuge without Limits, another human rights group in the capital investigating the recent executions, said that Trochez had survived a kidnapping attempt by masked gunmen on December 4 , who had interrogated him as to the whereabouts of other resistance leaders.

According to those who were kidnapped with the beheaded Garcia, they too were abused and interrogated while imprisoned. Criminal Investigation Division (DIC) uniforms and vehicles were also reported in each case.

“ The police want to break up the neighborhood resistance cells,” Velazquez said, ​ “ because the resistance is building political citizenship in these poor neighborhoods. And that scares the authorities. They’re terrified of the people experiencing that kind of empowerment.”

The Criminal Investigation Division (DIC) declined to comment on either case for In These Times, but Adolfo Reyes, 42 , an intelligence officer with the National Police, agreed to discuss the rise in violence in general.

“ The crime wave is the work of common criminals, nothing more,” said Reyes, speaking via cell phone from San Pedro Sulu, Honduras’ largest city. Reyes maintained that whoever was killing resistance members was doing so for private, not political reasons. ​ “ There are many gangs. There are many drug traffickers. Who knows what kinds of things these dead people were involved in?”

According to CODEH, more than 40 people have been murdered in the capital of Tegucigalpa in the last two weeks – with 15 deaths coming just over the weekend. Pavon isn’t ready to dismiss police involvement.

“ There is no doubt in our minds the deaths of Garcia and Trochez were political assassinations,” said Pavon. ​ “ It is also instructive to note that in the police report Garcia was shot in the head, but his head has not yet been found.”

‘ Basic rights cancelled’

The coup against Zelaya last June 28 – which occurred the same day that the first-ever national referendum in the nation’s history was scheduled to take place – sparked a powerful but peaceful, nationwide resistance movement. Hundreds of thousands have marched and rallied in near-daily demonstrations for months, demanding the democratic referendum, as well as Zelaya’s restitution.

But the massive outpouring of popular support has been met with equally severe police repression. Since the coup, more than 3 , 000 people have been beaten and detained, hundreds more wounded, and at least 28 members of the resistance have lost their lives at the hands of police, soldiers and political assassins, as authorities seek to crack down on nonviolent anti-coup forces around the country. (On December 16 , Human Rights Watch called on the government to investigate murders of gay, lesbian and transgendered Hondurans, citing a ​ “ a crisis of intolerance.” To download a report by the group Red Lesbica Cattrachas detailing murders of LGBT Hondurans since the coup in June, click here)

The military takeover itself has led to a severe economic crisis, as foreign governments slash investment and aid programs. Small businesses have been particularly hard hit, and according to official sources, Honduras has lost more than 100 , 000 jobs since June.

Even before the coup, Honduras was both the poorest and most crime-ridden country in Central America. But, according to Javier Zuniga, the head of Amnesty International’s recent fact-finding mission to Honduras, conditions are much worse now.

“ We can see the consequences of the coup on the population, their physical integrity, and their liberty,” Zuniga told In These Times, during an interview in Tegucigalpa. ​ “ People have witnessed the killing and wounding of their compatriots. They’ve seen others arrested, detained, and accused of crimes of opinion.”

Zuniga explained that, according to international standards of human rights evaluation, the Micheletti régime in Honduras was in serious violation of all protocols.

“ Almost all basic rights have been canceled [in Honduras],” he said. ​ “ The right of expression. The right not to be maltreated or tortured. The right of a free press. The freedom of movement. The freedom of association. All of these rights are essential.”

Putschists drive poverty, poverty drives crime

“ Zelaya had initiated a series of humanitarian and environmental reforms that won him the affection of much of the population, but angered business and military elites who have traditionally ruled the country,” said international human rights expert Dr. Juan Almendares, speaking at his clinic in the capital.

The referendum scheduled for the day of Zelaya’s ouster would have allowed a nonbinding opinion poll of the populace, according to Almendares, who attended the University of Pennsylvania Medical School and won the coveted Humanitarian Award in Washington D.C., in 2007 .

“ The military-installed puppet President Roberto Micheletti has declared the intention of this poll was to install Zelaya as a Hugo Chavez-like dictator,” Almendares said. ​ “ But there was no mention of this in the referendum itself, and neither Zelaya nor his followers have ever suggested such a thing.”

Another local human rights expert, Noemy Peres, co-founder of the Committee for Families of the Disappeared in Honduras (COFADEH), said the rise in violence was linked directly to the post-coup increase in poverty.

“ The de facto government has canceled Zelaya’s reforms, like social security and financial aid for students, as well as bonuses for the poor. So, as poverty goes up, so does crime and violence. But it is not something this government wants to recognize,” said Peres, who claimed that in more than 20 years of human rights work, she had ​ “ never seen a wave of violence like this.”

Resistance leader Juan Barahona echoed this sentiment. ​ “ This city is like a war zone,” Barahona told In These Times at the conclusion of a march of several hundred through the heart of the capital. ​ “ Fifteen dead in just one weekend. That is worse than Afghanistan, or Iraq. If 15 people die in Iraq over a weekend, it is very big news. But down here? Nobody cares.”

‘ Dictatorship denial-pathology’

Despite the violence in the streets, a political solution still seems remote.

“ The illegal régime continues to act illegally, violating the rights of many Hondurans, including those of President Zelaya,” Grahame Russell, co-director of Rights Action, a Connecticut-based human rights organization that monitored the recent elections, said via e‑mail. Zelaya’s detainment in the Brazilian embassy violates his ​ “ civil/​human rights,” Russell added.

A deal to release Zelaya seemed to have been worked out last Wednesday, December 9 , when the military-business junta offered the beleaguered president safe passage to the airport, and Mexico sent a plane to fetch him. But at the last minute the de facto régime changed its mind, demanding that Zelaya sign a letter abdicating the presidency before being allowed to leave. The president balked at the new terms, and the plane was not allowed to land.

“ The coup-plotters are afraid of Zelaya because he has the support of the people,” said Barahona. ​ “ They are scared that this alliance will produce social changes, social advances, that they can’t hold back.”

Others point out the putschists can have little practical fear of Zelaya’s escape, since his previous time outside the country proved ineffectual at mounting international opposition.

“ I think it is naked dictatorship denial-pathology at play, at the highest levels of the régime,” wrote Russell, noting that Micheletti had presented a fake resignation letter from Zelaya to the Honduran Congress during the original coup.

Liberal Party Congressman Javier Valladares, who is also Micheletti’s chief of staff, said an official protocol for requesting political asylum must be followed.

“ He can’t be allowed to leave the country as president,” Valladares said, ​ “ because the only president here in Honduras is Roberto Micheletti.”

Russell called the government’s demands ​ “ absurd.” ​ “ Now they need a forced letter that will be by definition illegal,” he said, ​ “ because they need to keep telling themselves that they are democrats abiding by the rule of law.”

The rule of law was invoked frequently during the elections on November 29 , when the entire country was militarized and voters were routinely strip-searched at polling places. Although only a minority of the Honduran electorate voted, the Supreme Electoral Tribune deliberately deceived observers and the press, inflating voter turnout in order to garner international legitimacy.

The newly-elected president, Porfirio Lobo, has spoken publicly about brokering a political reconciliation, both internally and abroad, but many countries have vowed not to recognize the flawed elections. Human rights experts have condemned the militarized conditions, and expressed doubts that a free and fair vote could have taken place.

“ It’s common sense,” said Amnesty International’s Zuniga. ​ “ When there is oppression and violence, when the people know nothing of the candidates because the media has been censored – how can free elections possibly take place?” Zuniga said.

Resistance awakened by coup?

Both Corrales Garcia and Walter Trochez, the two brutally murdered resistance members, have already become martyrs, their names and stories traveling all over the world via email.

Refuge Without Limits director Velazquez, who visited Garcia’s body in the morgue, believes Garcia was beheaded partly to hide signs of torture, but also as a metaphoric gesture.

“ This régime can kill whoever they want with impunity. Decapitation is symbolic of cutting our thoughts off,” said Velasquez, who spoke with medical examiners as part of her investigation. ​ “ It’s the same thing that happened in the nineteen-eighties, where they beheaded people because they had different political thoughts, and were labeled extreme leftist.”

Random arrests, like the one in which Garcia was rounded up, are a common feature in the poor barrios surrounding the capital. But intellectuals have also been targeted: Rebeca Becerra, a popular Honduran poet who has spoken out against the coup régime, was incarcerated last week, along with her eight-year-old daughter. Meanwhile mass shootings continue, the morgue is full of bodies, and even pro-coup journalists have been targeted by execution squads.

According to Micheletti-appointed Secretary of State Dr. Valerio Gutierrez, the régime is only acting in self defense. ​ “ We are only doing what any country would do. We’re protecting private property.” Gutierrez also said the international press was to blame for not painting a more flattering picture of the coup régime. ​ “ Journalists have a responsibility to be balanced,” he said. ​ “ We want the people in the United States to know that everything is fine down here. Democracy is still full of life in Honduras,” said the doctor.

“ I see a very dark future for Honduras,” said Dr. Almendares, who accused President-Elect Lobo of being politically tied to the military-junta that seized power in June. ​ “ Unless these illegal acts are overturned, the people will continue to be oppressed. Free speech will continue to suffer. Young people will continue to die.”

At least some experts believe it’s unlikely the power structure will shift anytime soon.

“ The régime has most of the raw power inside the country (money and guns) and they have the weight of the USA on their side, plus a few other governments,” wrote Russell of Rights Action. ​ “ That, all together, adds up to the régime staying in power, illegally to be sure…”

But, according to resistance leader and Zelaya confidante Juan Barahona, the anti-coup movement isn’t ready to roll over just yet. ​ “ We will struggle for Zelaya’s return. And we will struggle for the Constitutional Assembly,” Barahona said. ​ “ But we’ll do so in peace.”

Echoing the words of several other resistance organizers, Barahona said that, in some ways, the putschists’ actions have actually benefitted the opposition.

“ We were wrestling against the right-wing power structure,” said Barahona, ​ “ but the movement was scattered and without unity. But once the wolves…took over the government – then the people could see who their enemies truly were.”

Barahona cited the sudden immersion of women, minority groups, and young people into politics, as advantages stemming directly from the military takeover.

“ Of course they didn’t mean to do it,” Barhona said. ​ “ But through their own greed, the putschists have awakened an even greater resistance.”

For a complete list of Jeremy Kryt’s stories from Honduras, go here.


Outing' Honduras: A Human Rights Catastrophe in the Making

Now that President Obama has come out in support of marriage equality, and Secretary of State Hillary Clinton has dedicated a small budget to defend LGBT rights internationally, it’s the perfect time to remind them that the abuse and killings of gay and transgender people keep piling up in Honduras—even as Washington heralds the country’s return to “democracy.”

Now that President Obama has come out in support of marriage equality, and Secretary of State Hillary Clinton has dedicated a small budget to defend LGBT rights internationally, it’s the perfect time to remind them that the abuse and killings of gay and transgender people keep piling up in Honduras—even as Washington heralds the country’s return to “democracy.”

Following a coup d’état in June 2009 that ousted President Manuel Zelaya, Honduras held a presidential election that excluded anti-coup candidates and was boycotted by large numbers of voters and election monitors. This led to the election of Porfirio Lobo, who has governed in the interests of Honduras’s small elite, continuing the agenda of the right-wing coup regime instituted in 2009. In October 2011, Obama received Lobo in the White House with the following statement: “Two years ago, we saw a coup in Honduras that threatened to move the country away from democracy, and in part because of pressure from the international community, but also because of strong commitment to democracy and leadership by President Lobo, what we’ve been seeing is a restoration of democratic practices and a commitment to reconciliation that gives us great hope.” 1 No mention of the human rights abuses, the economic desperation, or the failings of a corrupt judicial system.


Photo: Johny Magallanes/MCT

After the coup, the killing of transgender women and gay men skyrocketed to unprecedented levels, according to Red Lésbica CATTRACHAS, an organization in Tegucigalpa that works to end the human rights abuses against the lesbian, gay, bisexual, transgender, transvestite, intersex (LGBTTI) community, as it is known in Honduras. 2 Before the coup, CATTRACHAS had worked with Human Rights Watch (HRW) from 2004 to 2009, documenting 17 transgender killings in the country. 3 In 2009 alone, HRW’s figure went up to 22 murders, all occurring after the coup. 4 CATTRACHAS, led by Indyra Mendoza and Gabrie Mass, has tracked 80 deaths since 2009, mostly of transgender women and gay men, though they have documented some cases involving lesbians. 5 There have been 10 killings of LGBTTI people documented this year, including that of Erik Ávila Martínez, a young reporter and activist for the new political party LIBRE in Tegucigalpa. 6 Mendoza explains, “In Honduras there is no law that penalizes sexual orientation or gender identity, but there is also no law that penalizes discrimination.” 7 The transgender, gay, and lesbian killings are not investigated or tried in court, and even if they were, they would not fare well in a broken and partial judicial system that prioritizes politicking and elite alliances with presidential agendas over fair trials and investigations.

Under the Lobo government, elected officials appoint close political allies and family members to public offices, ensuring political alliances in their favor in various sectors of government. This practice, which harkens back to the era of caudillo (strongman) leadership, has meant near total impunity for crimes against the LGBTTI community. Unaccountable and undemocratic governments like Lobo’s thus contribute to the violence against LGBTTI people and others by making murder, hate crimes, and discrimination against LGBTTI people permissible.

This homophobic violence has taken place within a larger geopolitical context in which the Obama administration has sought to contain progressive governments, like that of former president Zelaya, in Latin America. This is harmful in two important ways: First, the “democratic government” in Honduras, as endorsed by Obama, fails to address the issues that affect LGBTTI communities. These governments instead attack marginalized communities and look the other way when violence is directed at them. Second, less democratic governments do not sponsor programs that benefit people who live on the margins of society.

For example, the Lobo government has done nothing to help the more than 39,000 Hondurans living with HIV/AIDS, who make up over 60% of cases reported in all of Central America. 8 Moreover, a large portion of the population is not receiving adequate health care or adequate preventative education, and the working poor who are HIV-positive cannot afford to buy medications, nor can their families afford hospice care. Add to that various hate crimes, rape in jails, discrimination at work and in school, and family violence, and it becomes clear why many LGBTTI Hondurans believe that governments like Zelaya’s—riddled with contradictions as it was—hold out the promise not only of democratization but survival. This is what the LGBTTI community was hoping for during the Zelaya administration: the possibility, the hope, that issues affecting the LGBTTI community would receive the attention they deserve.

Perhaps the most apt symbol of the confluence of the anti-coup resistance and the struggle for LGBTTI rights in Honduras was Walter Tróchez, a young health promoter for the Association for a Better Life for People Living with HIV/Aids in Honduras (APUVIMEH), an LGBTTI organization dedicated to HIV education, prevention, and advocacy, who was killed while doing his job—bringing health education to transgender women working the streets (Honduran transwomen often do not live past middle age). 9 At one point, he had spent time in the Renacer hospice run by the organization. Weak and frail, he had weathered the poor health conditions in the country. After a long recovery, he dedicated his life to HIV prevention and education, and after the coup became active in the resistance movement. In December 2009, he was shot to death by two men on a motorcycle. Although human rights groups demanded an investigation, no one has been prosecuted for his killing to date.

Paul Farmer’s words in his book Pathologies of Power resonate in the Honduran context:

Human Rights violations are not accidents they are not random in distribution and effect. Rights violations are, rather, symptoms of deeper pathologies of power and are linked intimately to the social conditions that so often determine who will suffer abuse and who will be shielded from harm. If assaults on dignity are anything but random in distribution or course, whose interests are served by the suggestion that they are haphazard? 10

Farmer could easily be describing the violence found in the structural conditions facing LGBTTI people in Honduras. Structural violence, so often directly tied to U.S. geopolitical influence in the region—from conditioned humanitarian aid to economic, technical, and military aid—is deployed on the bodies of LGBTTI people, as the examples in Honduras so keenly exemplify.

What message is the U.S. government sending with its quick and unquestioning endorsement of Honduras’s post-coup government? What message is Washington sending LGBTTI Central Americans and the LGBTQ community in the United States? Who cares about sexuality in the context of U.S. geopolitics and foreign relations? The message is clear: Hondurans are expendable. LLGBTTI Hondurans are expendable.

The U.S. geopolitical agenda in Central America and the Caribbean, continued by Obama, has shown a commitment to containing progressive governments and remilitarizing the region to curtail future democratization processes. This is an extremely dangerous agenda for LGBTTI people in Honduras.

Suyapa Portillo Villeda is a history professor in the Chicana/o Latina/o Transnational Studies Field group at Pitzer College. She is also a board member of the Latino Equality Alliance in Los Angeles. Portillo Villeda has been documenting abuses against LGBTTI people in her native country of Honduras since 2006.

1. United States Office of the Press Secretary, “Remarks by President Obama and President Lobo of Honduras Before Bilateral Meeting,” October 5, 2011, available at whitehouse.gov.

2. Indyra Mendoza Aguilar, “Proceso de incidencia nacional e internacional en defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trasngéneros e intersexuales en Tegucigalpa, Honduras,” Red Lésbica CATTRACHAS, December 18, 2011.

3. Juliana Cano Nieto, “ ‘Not Worth a Penny’: Human Rights Abuses Against Transgender People in Honduras,” Human Rights Watch, May 29, 2009, available at hrw.org.

4. “Informe resumen: situacion de las muertes violentas de la comunidad LGTTBI en Honduras,” Red Lésbica CATTRACHAS, June 6, 2012 Yerina Rock, “Romper el cerco mediático del estado de excepción: Las Cattrachas,” Opiniones en Desarollo, vol. 5, Programa Educación Y Comunicación Para El Desarrollo, November 2011, available at albasud.org.

6. Red Lésbica CATTRACHAS (Tegucigalpa), “Informe resumen: situación de las muertes violentas de la comunidad LGTTBI en Honduras,” June 6, 2012.

7. Gabrie Mass Cáceres, “ ‘Trans’ Centroamerica: impacto político/social en mujeres trans en la región más violenta de Latinoamérica y el Caribe,” Red Lésbica CATTRACHAS y Fundacion Triangulo, 2012.

8. “Honduras,” UNICEF, available at unicef.org UNAIDS available at unaids.org and ifrc.org.

9. Sandra Zambrano, “Asociación Por Una Vida Mejor–APUVIMEH,” (Tegucigalpa), interview by author, July 2011 Indyra Mendoza (Los Angeles, California), interview by author, November 2009.

10. Paul Farmer, Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor (University of California Press, 2005), 7.


Honduras Human Rights - History

Due to the traditionally patriarchal nature of Honduras, girls were often educationally disadvantaged. The main reason that girls are pulled out of school in the first place is usually to help in the family, leading to differences in educational attainment. Nevertheless, the situation is changing, as the school life expectancy is today estimated to be higher for females (12 years) que males (11 years) -as of 2014. Honduras does have a fairly high literacy rate, which is similar for both sexes: 88.9% for females y 88.4% for males – as of 2015 (Source: The World Factbook – CIA)

School girls on the island of Roatán, off the north coast of Honduras, return from walk on the beach from school. Photo Credits: https://kwekudee-tripdownmemorylane.blogspot.com

Women in Labour force and Gender Wage Gap

Men are twice as likely to be employed in Honduras as are women, and there are very strong stereotypes of what men’s and women’s jobs should be. The idea of male and female jobs also carries over into the field of unpaid labor, as women perform a great deal more unpaid labor than men. Women, in addition to having to work twice as hard in order to get a traditionally male-held job, are then paid less than their male counterparts for doing exactly the same job. Overall the average woman makes considerably less than her male counterpart and is usually forced into industries with little to no benefits and almost no job security.

Women in Honduras have a very small share of the overall wealth, and even the parts that they have seem to reinforce their roles as homemakers and caretakers. Home ownership: Women – 38% and Men- 59% Honduras has extremely unequal income distribution, and high underemployment. Over half of the country lives on less than two dollars a day, and the majority are women. Poverty mainly is a cycle perpetuated by lack of opportunity and education.


Honduras's troubled history

It is hardly surprising that Honduras's political institutions have failed to stem the tide of violence and corruption sweeping the country: Honduran democracy itself was undermined by a military coup on 28 June 2009, which ousted the populist president Manuel Zelaya.

The generals forced Zelaya to flee to Costa Rica after he announced plans for a referendum on constitutional reform that could have enabled him to run for a second presidential term. The intervention of the armed forcesevoked bitter memories of two decades of military rule until the 1980s.

Latin American states condemned the coup. So – rather belatedly – did the Obama administration. But within months the US backed a new presidential election, and offered a warm welcome to the winner, Florida-educated conservative Porfirio Lobo.

His administration promised sweeping reforms, but has been dogged by allegations of human rights abuses.

According to the Honduran human rights group COFADEH, more than 300 civil society campaigners have been murdered since the coup. The figure includes trade unionists, campesino farmers demanding the restoration of lands acquired by Honduras's biggest landowners, gay rights activists, and more than 20 journalists.

When Alfredo Villatoro, one of the country's best-known radio journalists, was abducted and murdered two months ago, tens of thousands of protesters took to the streets of Honduras's towns and cities declaring "Killing journalists will not kill the truth."

As with the vast majority of the more than 6,000 murders a year recorded in this country of 8 million, the Villatoro case remains unresolved.

There is abundant evidence that elements within the police have been committing, not solving, murders. In the most notorious case, serving police officers were found to have killed the son of Julieta Castellano, the rector of one of Honduras's leading universities.

According to Marvin Ponce, vice-president of the Honduran congress, up to 40% of police have ties to organised crime. For all the talk of a clean-up, Lobo's choice of police chief, Juan Carlos Bonilla – more widely known as El Tigre – whose career has been dogged by repeated, though unproven, claims that he was a member of a police death squad more than a decade ago.

Last year 94 members of the US Congress called on the secretary of state, Hillary Clinton, to end all financial and logistical support for the Honduran security forces, "given the credible allegations of widespread, serious violations of human rights".

But US support for the Honduran government has in fact been boosted a clear indication that Lobo is currently seen as a vital ally in seemingly never-ending war on drugs in Latin America.


Possible decriminalisation?

The last time Honduras considered decriminalising abortion was in 2017 when Honduran legislators debated modifying the country’s penal code to allow abortion in cases of rape or incest, an unviable fetus, or when a mother’s life and health is at risk.

Women’s rights groups in Honduras and international human rights organisations lobbied for the change.

“Denying women and girls access to safe abortion services, in cases involving health reasons, fatal impairment of the fetus and pregnancy resulting from rape or incest, causes excessive and irreversible physical and psychological suffering to many women,” UN human rights experts who visited the country in 2017 wrote in a statement. “It is also the most blatant form of instrumentalisation of women’s bodies and denial of their autonomy.”

But politicians in the religiously conservative country voted overwhelmingly to maintain the total abortion ban.

Decriminalisation has not been debated among legislators in Honduras since then. So lawyers are looking for other ways to be able to legally protect women from potential prosecution for abortion, by establishing judicial precedent through cases like Paula’s.

“The abortion law needs to be modified,” says Castillo. “We can’t force a girl who has become pregnant to become a mother.”

With additional reporting by Vienna Herrera in Tegucigalpa.

*Name has been changed to protect the woman’s identity.

This article is part of a multi-part series examining reproductive health in Honduras. Also read:

The series was supported by the International Women’s Media Foundation’s Reproductive Health, Rights and Justice in the Americas.


Ver el vídeo: Derechos Humanos en Honduras: Sistema Nacional de Protección SNP